Una de las principales demandas de los maestros jubilados es eliminar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como base para calcular sus pensiones, especialmente aquellos que están bajo el Régimen Décimo Transitorio del ISSSTE.
Desde 2021, por decisión de la Suprema Corte, estas pensiones dejarán de calcularse en salarios mínimos y comenzarán a determinarse con base en la UMA, lo que ha provocado una reducción considerable en los montos que reciben los jubilados.
Esto ocurre porque la UMA se actualiza anualmente con base en la inflación, mientras que el salario mínimo ha tenido incrementos superiores en los últimos años. Como resultado, las pensiones ligadas a la UMA han crecido mucho menos que aquellas vinculadas al salario mínimo.
Organizaciones como la CNTE argumentan que esto afecta gravemente el poder adquisitivo de los maestros jubilados y exigen que se regrese al cálculo original, usando el salario mínimo como referencia.
Es comprensible y justo que los maestros exijan la eliminación de la UMA como base para calcular sus pensiones. Después de años de servicio a la educación pública, los jubilados merecen una pensión digna que realmente les permita vivir con seguridad y estabilidad. El cambio al cálculo con UMA, aunque pueda tener fundamentos técnicos o fiscales, ha terminado perjudicando a quienes ya han concluido su vida laboral. La diferencia entre el aumento del salario mínimo y el de la UMA ha sido significativa, y no puede ignorarse su impacto en el bienestar de miles de familias.
Reconocimiento para los maestros
La discusión sobre el uso de la UMA en pensiones no es solo un tema técnico o financiero, sino profundamente social y ético. Asegurar una vejez digna para quienes dedicaron su vida al servicio público, especialmente en un sector tan fundamental como la educación, debe ser una prioridad del Estado. Atender esta demanda no solo implicaría una revisión legal, sino también un reconocimiento a la labor invaluable de los maestros.
